El Ministerio Público acusa a la exalcaldesa de recibir aportes ilegales de las constructoras brasileñas para financiar sus campañas políticas.
La defensa sostiene que no hubo favorecimientos a intereses privados y que la gestión municipal fue transparente. En paralelo, la Procuraduría reclama S/100 mil de reparación civil, mientras el proceso continúa con audiencias virtuales desde su domicilio.
