Durante la tercera audiencia, el procurador Carlos Fernández pidió una reparación civil que supera los S/1.000 millones por los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y asociación ilícita.
El monto proviene de trece pretensiones vinculadas a los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, y alcanzaría a 21 personas y 16 empresas, entre ellas Odebrecht, OAS y Rutas de Lima. La suma solo se aplicará si el tribunal confirma responsabilidad civil de los acusados.
