En un momento crítico para el Perú, el país exige que el nuevo gabinete ministerial —alejado de las maquinaciones de la corrupción y de la política mezquina— ponga su empeño en restablecer la paz social, la seguridad ciudadana y la ruta hacia unas elecciones libres. No es momento para experimentos; es hora de gobernar con carácter, transparencia y respeto a la voluntad popular.
A continuación, un breve perfil de los principales cargos del nuevo gabinete, y lo que el país espera de ellos:
Ernesto Álvarez Miranda — Presidente del Consejo de Ministros
Abogado constitucionalista, docente e investigador. Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, y presidió ese organismo en 2012. Como primer ministro, su responsabilidad será articular el funcionamiento del gabinete, garantizar coherencia política, promover la armonía entre poderes del Estado y servir como interlocutor ante el Congreso. El Perú espera de su liderazgo un equilibrio entre firmeza institucional y sensibilidad social: que no permita derivas autoritarias, ni complacencias frente al crimen, ni retrocesos en derechos fundamentales.
Denisse Miralles — Ministra de Economía y Finanzas
Economista con más de 22 años de experiencia en la función pública, especializada en políticas tributarias, descentralización fiscal e inversiones público-privadas. Debe asumir la difícil misión de conducir la política fiscal en medio de presión por gasto populista, sostener la disciplina presupuestaria y generar un clima que motive la inversión privada, sin descuidar la progresividad social. Será clave para el éxito de la transición que logre que el MEF recupere credibilidad y refuerce la transparencia del gasto público.
Hugo de Zela Martínez — Ministro de Relaciones Exteriores
Diplomático de carrera, llamado a restablecer la confianza internacional en el Perú, atraer cooperación y proyectar una política exterior seria.
Vicente Tiburcio Orbezo — Ministro del Interior
General retirado con trayectoria en seguridad interna. Su desafío es inmenso: revertir los índices de inseguridad y restaurar la sensación de orden y protección ciudadana.
César Francisco Díaz Peche — Ministro de Defensa
Coordinará la colaboración entre Fuerzas Armadas y seguridad interna dentro de los marcos constitucionales, evitando cualquier intromisión militar indebida en conflictos sociales.
Walter Eleodoro Martínez Laura — Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Deberá fortalecer la independencia del sistema judicial, combatir la impunidad y garantizar derechos humanos, incluso en las comunidades más vulnerables.
Jorge Eduardo Figueroa Guzmán (Educación), Luis Napoleón Quiroz Avilés (Salud), Vladimir Germán Cuno (Desarrollo Agrario y Riego), Óscar Fernández Cáceres (Trabajo), César Quispe (Producción), Teresa Mera (Comercio Exterior y Turismo), Luis Enrique Bravo (Energía y Minas), Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones), Wilder Sifuentes Quilcate (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Sandra Gutiérrez (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Miguel Ángel Espichán (Ambiente), Alfredo Luna (Cultura) y Lesly Shica Seguil (Desarrollo e Inclusión Social)
Cada uno, desde su cartera, deberá priorizar políticas que cierren brechas sociales, mitiguen desigualdades y contribuyan a la reactivación sostenible. En ámbitos sensibles como Ambiente, Mujer, Desarrollo Social y descentralización, el reto es doble: avanzar sin imponer, dialogar sin ceder derechos.
Qué exige el país y el rumbo ineludible
1. Cero tolerancia frente a la corrupción. Este gabinete debe declararle la guerra a los conflictos de interés, a los pactos oscuros y a las redes clientelares. No basta con discursos: las contrataciones, las licitaciones y las designaciones deben ser públicas, auditables y ejemplares.
2. Seguridad ciudadana como prioridad inmediata. La violencia, el crimen organizado y la extorsión fueron el desencadenante del estallido social que terminó con la vacancia de Dina Boluarte. Este gabinete debe demostrar que puede contener esa crisis con políticas firmes, énfasis en justicia preventiva y coordinación inteligente entre fuerzas del orden.
3. Diálogo real con la sociedad civil. Las decisiones no pueden tomarse con el gabinete encerrado en palacio. Es imperativo convocar a mesas amplias de representación regional, indígena, de género, empresarial y académica para legitimar las políticas desde su base.
4. Respeto irrestricto al cronograma electoral. Este es un gobierno de transición: debe asegurarse de que el país llegue a elecciones libres, justas y con estándares internacionales, sin trampas ni artimañas institucionales.
5. Equidad territorial y enfoque en zonas olvidadas. Las regiones del interior han sido sistemáticamente postergadas. Los ministros de Desarrollo Agrario, Transporte, Vivienda, Inclusión Social y otros tienen una deuda inmensa con esas poblaciones. Si no hay resultados perceptibles allí, la credibilidad del gobierno se desvanecerá rápidamente.
Este gabinete merece el beneficio de la duda solo si actúa con responsabilidad, integridad y rapidez. En este momento delicado, no se trata de ideologías ni bandos, sino de salvar la estabilidad democrática. El país necesita gobernantes que se paren firmes y una ciudadanía que exija sin resignarse. Nuestra paz exige que este gobierno de transición no sea parte del problema, sino parte de la solución.
