✍️ Dante Bobadilla
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RESPETADA OPINIÓN”
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Por fin acabó el circo patético del fiscal-chacal José Domingo Pérez y su «caso emblemático» Cocteles. Tal como era previsible, el TC anuló el mamarracho jurídico armado por la fiscalía más politizada de la historia en medio de una guerra sucia declarada por la mafia caviar contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. A nadie debería sorprender este fallo ya que las debilidades y vicios de este caso fueron advertidos desde un principio, incluso por insignes abogados del entorno caviar, como Rosa María Palacios.
Han sido ocho años de infructuosa y costosa labor fiscal tirados al tacho, después de habernos brindado los mayores y penosos espectáculos de persecución fiscal que incluyeron abusos de toda clase, desde las prisiones preventivas de Keiko Fujimori hasta los innumerables allanamientos que no se limitaron a locales de Fuerza Popular sino incluso a estudios jurídicos, entidades bancarias y hasta la propia ONPE, y todo con los aplausos de la chusma y la prensa mermelera adicta a Vizcarra.
¿Pero qué motivó toda esta inusitada, frenética y obsesiva actuación fiscal contra un partido y una candidata? ¿La persecución del delito? Obviamente no. El delito no existía. Los aportes de campaña no eran delito, el pitufeo de aportes no eran delito, si las cuentas de los cocteles con lo declarado como ingresos no cuadran, tampoco. Y como nada era delito, decidieron aogerse a la figura del «lavado de activos» sin escrúpulos. Lo importante era tener un pretexto para perseguir y encarcelar a Keiko.
Puede que todo esto suene tenebroso y exagerado, pero a la luz de los resultados tiene todo el sentido. Además, bastaría con revisar el contexto en el que se dio inicio a esta cacería fiscal. El contexto siempre lo aclara todo. Eran los días de la campaña presidencial del 2016 y Keiko Fujimori se perfilaba como clara ganadora de las elecciones, con hasta diez puntos de ventaja sobre PPK. Pasada la primera vuelta -en febrero del 2016- Fuerza Popular tenía una votación arrolladora y obtuvo 74 congresistas, es decir, mayoría absoluta en el Congreso y Keiko iba favorita en las encuestas.
Ese fue el contexto en el que la fiscalía, en manos ya de la mafia caviar, con Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación y claros y estrechos vínculos con IDL y Gustavo Gorriti, como ya se ha podido corroborar hasta el cansancio, le abren una carpeta fiscal a Keiko Fujimori en plena campaña para revisar sus cuentas de la campaña del 2011. El escándalo de Odebrecht aun no se había producido. Esto recién empezaría en 2017. El obejtivo en ese momento era frenar a Keiko Fujimori como sea, y ese fue el inicio de la campaña más sucia de lapidación electoral que se haya visto jamás en las elecciones. La mafia caviar empleó toda su artillería contra Keiko, desde marchas fascistas de odio que se re petían semana tras semana, hasta los consabidos fekenews y psicosociales que se difundían por parte de una prensa en parte controlada por el gobierno y en parte al servicio de la mafia caviar.
Paralelamente, la mafia ya se había comprado a PPK como candidato. Es decir, en lugar de que en la campaña del 2016 se enfrentaran dos candidatos de derecha, como en el mundo se decía, Keiko acabó enfrentando al candidato de la izquierda caviar. PPK había vendido su alma al diablo sin pudor alguno y se sumó a las campañas difamatorias de la izquierda contra Keiko, como ese sucio eslogan «Narcoestado no va», luego de que Cuarto Poder emitiera un falso psicosocial acusando a Keiko de estar siendo investigada por la DEA. Algo que jamás fue cierto. Al final, con mentiras y difamaciones gratuitas lograron que PPK ganara angustiosamente las elecciones por apenas 40,000 votos.
Pero no era suficiente. Fuerza Popular tenía el control de Congreso y era imprescindible para la mafia liquidarla. Desde el principio se montó la campaña de difamación contra ese Congreso tildándolo de «obstruccionista». Reventado el caso Odebrecht, el Congreso abrió una comisión investigadora presidida por Rosa Bartra y la fiscalía creo el Equipo Especial Lavajato. Para entonces IDL ya actuaba como estudio jurídico y defensor oficioso de Odebrecht, y hacía una especie de lobbie en la fiscalía para favorecer a la empresa mafiosa brasileña. Es en ese entorno mafioso que deciden implicar a Keiko con aportes de Odebrecht. Los objetivos de la mafia fueron cerrar el Congreso fujimorista, liquidar Fuerza Popular convirtiéndola en «organización criminal» y eliminar a Keiko Fujimori de la campaña del 2021 encerrándola «preventivamente» por tres años. Cosas que empezaron a marchar.
El resto es historia aparte. El hecho es que así se montó la mayor felonía legal de nuestra historia para liquidar a una política. Keiko no es de mi agrado como política. Me parece una pésima política. Pero eso nada tienen que ver con los hechos que se dieron en este país y que no debemos perder de vista. La mafia caviar existe y acaba de sufrir una derrota brutal. ¿Qué harán ahora?
