Ante intimidaciones y extorsiones, se alista un proyecto que permitiría audiencias y decisiones sin revelar la identidad de magistrados en casos de crimen organizado. La propuesta busca mantener los procesos en curso y reducir el riesgo para operadores de justicia.
Críticos y aliados esperan la versión final del texto para definir su postura, mientras el Congreso evalúa incorporar la iniciativa en la agenda legislativa.
