✍️ Econ. Rany Francisco Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
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En ningún otro momento de la historia reciente, el Perú ha experimentado un desborde legislativo tan costoso y tan descarado. Desde 2022 —y con especial virulencia en el periodo 2021-2026—, el Congreso de la República, apoyado por un Tribunal Constitucional complaciente, ha violado sistemáticamente el principio de responsabilidad fiscal consagrado en la Constitución: que el Legislativo no puede aprobar normas que generen gasto público irreversible sin financiamiento identificado.
Los datos del Consejo Fiscal (CF) lo dejan claro:
En lo que va del quinquenio 2021-2026, el Congreso ha promulgado aproximadamente 101 leyes por insistencia —esto es, leyes que cuentan con opinión negativa del Ejecutivo o de entes técnicos—, con un costo fiscal estimado de S/ 35 795 millones (Andina – Agencia de Noticias).
En total, el CF reporta que se han aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso durante el mismo periodo (agosto 2021-octubre 2025), lo que triplica el promedio de los 15 años anteriores. (RPP Noticias)
De ese total, el 79 % de las iniciativas implican un incremento del gasto público, el 17 % reducen ingresos fiscales, y el restante 4 % afecta las finanzas subnacionales. (Infobae).
De aprobarse también las iniciativas todavía en trámite (más de 300 identificadas), el CF estima que la deuda pública podría escalar hasta cerca del 70 % del PBI hacia 2036, frente a una proyección de aproximadamente 47 % si sólo se implementan las leyes ya promulgadas. (Diario La República)
En el quinquenio 2016-2021 se aprobaron sólo 17 leyes con impacto fiscal adverso (costo ~S/ 642 millones); entre 2011-2016 sólo 2 leyes con ~S/ 84 millones. En contraste, este periodo los 101 casos alcanzan casi S/ 36 000 millones (RPP Noticias)
El resultado ha sido una orgía de leyes con impacto adverso fiscal: beneficios sin sustento técnico, exoneraciones tributarias sin evaluación, aumentos remunerativos fragmentados, y partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas apenas logra contabilizar antes de que otra norma surja. En palabras del presidente del CF, Alonso Segura: “Es realmente inédito”. (RPP Noticias).
El patrón resulta más grave si se considera que la Constitución peruana prohíbe que el Legislativo por sí solo incremente gastos permanentes sin que el Ejecutivo formule opinión técnica y se verifique la capacidad fiscal. Y sin embargo, el Congreso lo ha hecho, aprovechando un Ejecutivo sin contrapeso efectivo. El CF advierte que muchas de estas normas se han aprobado sin estimaciones de costo fiscal, sin identificación de la fuente de financiamiento y sin pasar por comisiones técnicas correspondientes (Diario El Comercio).
Bajo el pretexto de “reivindicar derechos” o “corregir inequidades”, el Legislativo ha institucionalizado el despilfarro. Lo paradójico es que lo hace mientras impulsaba una reforma constitucional para la próxima bicameralidad y, en la práctica, intenta tejer una campaña de prolongación de mandatos mediante el gasto público. Gastar y gastar se ha convertido en el combustible de una maquinaria que busca perpetuar rostros y privilegios, aunque el país se desangre fiscalmente.
El Ejecutivo, evidentemente capturado y sin contrapeso político real, apenas ha sido un espectador y fiel complaciente. En su silencio cómplice —o en su incapacidad de imponer la opinión técnica— ha permitido que el Congreso actúe como un gobierno no solo paralelo sino total: no rinde cuentas, pero dispone del dinero de todos los peruanos.
Hoy el Perú enfrenta un daño profundo, no solo en sus cuentas fiscales, sino en su cultura institucional. Las leyes con impacto adverso fiscal son el síntoma visible de un sistema político que ha confundido el mandato popular con una licencia para saquear el erario. Y aunque la recuperación será lenta —quizás un año o más para enderezar el rumbo— la tarea es ineludible: el próximo Congreso debe ser, más que un parlamento, una comisión de reparación moral y económica.
Porque lo que está en juego no es solo la disciplina fiscal. Es la credibilidad del Estado peruano para sostener un proyecto de nación sin trampas, sin simulacros, sin congresistas que confundan el voto con un cheque en blanco.
