El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitaron con carácter de urgencia la elección de una nueva persona a cargo de la Fiscalía de la Nación en reemplazo de Tomás Gálvez, a quien consideran “no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, es un actor político”.
La solicitud fue presentada ante la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, argumentando que la designación de Gálvez sería nula, ya que, tras su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo una voceada postulación a la presidencia de la República.
