La Procuraduría General del Estado solicitó que Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros implicados en el golpe de Estado de diciembre de 2022 paguen una reparación civil de S/ 64′419,038.53 por los daños causados al orden constitucional y al Estado peruano.
Durante la audiencia de alegatos finales, el procurador Mario Camacho sostuvo que el intento de disolución del Congreso generó un grave perjuicio institucional y afectó la confianza ciudadana.
Además, se pidió un millón de soles adicionales por delitos conexos de abuso de autoridad y perturbación del orden público.
