✍️ Econ. Rany Francisco Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
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Hace seis años el Congreso peruano aprobó la Ley N.º 30897, la llamada Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto, conocida popularmente como la “Ley del Fideicomiso para Loreto”. Su propósito explícito era claro y noble: generar un salto en la inversión pública y privada que empuje la Amazonía loretana hacia mejores servicios, empleos y, en última instancia, bienestar. La herramienta legal se complementó con un andamiaje institucional —un fideicomiso, reglamentos y medidas tributarias— pensado para atraer recursos a una región ávida de resolver brechas principales. Pero la pregunta que hoy domina la agenda local es incómoda y simple: ¿esa promesa se ha cumplido al momento? La respuesta, a la vista de los indicadores sociales, es que no. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/30897-TXM.pdf?utm_source=chatgpt.com
Para entender la magnitud del problema conviene mirar los números: Loreto sigue apareciendo entre las regiones con mayores carencias multidimensionales del país. Estudios y perfiles regionales elaborados con datos del INEI y de la propia gerencia regional muestran que una proporción significativa de hogares en Loreto presentan dos o más Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) —una de las tasas más altas del país— y que muchas variables educativas, sanitarias y de infraestructura permanecen rezagadas respecto al promedio nacional. En otras palabras: más reglas, más excepciones, pero no necesariamente más bienestar palpable para la gente.
Si evaluamos el desarrollo humano, la fotografía tampoco mejora. Perfiles sectoriales y reportes subnacionales colocan a Loreto por debajo del promedio nacional en varios componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud, educación y condiciones materiales de vida. Es decir, la inversión que —en teoría— debía transformar estos determinantes no consiguió revertir la situación estructural en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la ley. Eso sugiere una brecha entre esfuerzo legal/financiero y resultados socioeconómicos. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/perfiles_epidemiologicos/docs/2023/pdf/Documento%20Perfil%20de%20Salud_2023_Vers%20Oficial_Loreto_JCPD_Final.pdf?utm_source=chatgpt.com
¿Por qué ocurrió esto? Aquí caben al menos cuatro explicaciones convergentes, derivadas de informes técnicos y del propio seguimiento presupuestario:
1. Política sin ancla en resultados. La ley movilizó instrumentos (fideicomiso, exoneraciones, transferencias) pero no estableció con claridad mecanismos de condicionamiento, indicadores objetivos ni evaluaciones ex-post que liguen beneficios fiscales a mejoras verificables en calidad de vida. El financiamiento fue permitido; la exigencia de impacto, no. https://portalanterior.regionloreto.gob.pe/files/fideicomiso/2019/11/FIDEICOMISO-LEY-30897-GOBIERNO-REGIONAL-DE-LORETO-BANCO-DE-LA-NACION.pdf?utm_source=chatgpt.com
2. Riesgo de captura y de uso subóptimo de recursos. Cuando la centralidad está en cómo gastar recursos, y no en para qué y con qué resultados, los incentivos se desvían: proyectos de baja rentabilidad social, compras infladas o inversiones visibles pero poco transformadoras (obras de corto plazo, gasto corriente encubierto). Algunas tesis y análisis sobre la implementación de la Ley 30897 evidencian cambios en la composición presupuestal que no necesariamente se tradujeron en mayores capacidades o servicios sostenibles. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNAP_e4ae8146e8b741bf98f6007b8d04a6dd
3. Exoneraciones y vacíos normativos. Las medidas tributarias vinculadas a la promoción regional —y su nueva regulación— generaron confusión sobre alcance y beneficiarios. La SUNAT y otros análisis normativos tuvieron que emitir criterios para precisar la aplicación de exoneraciones; la incertidumbre favorece a los intermediarios y reduce la transparencia sobre quién exactamente se beneficia y en qué medida. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2019/informes/2019-INF-165-340000.pdf
4. Déficit de capacidad estatal y de gestión local. Implementar proyectos complejos en la Amazonía exige planificación territorial, coordinación multisectorial, gestión logística y —muy importante— diálogo con comunidades indígenas y rurales. Sin esa capacidad técnica y social fortalecida, incluso recursos adecuadamente orientados pueden no alcanzar a la población más necesitada.
Frente a esta realidad, la retórica de “promover la inversión” debe convertirse en una práctica mucho más exigente. Por lo que una propuesta —sin ambages— de un paquete de alternativas concretas y complementarias para que la ley y otros instrumentos dejen de ser un arreglo formal y se conviertan en motor real de desarrollo humano en Loreto:
1. Reformular incentivos ligados a resultados verificables (contratos por resultados): transformar beneficios fiscales y transferencias en instrumentos condicionados a metas concretas (por ejemplo: cobertura de agua segura, reducción de NBI por distrito, mejora en tasas de vacunación y retención escolar). Las exoneraciones deberían activarse por cumplimiento de hitos verificables por auditoría independiente. (Modelo: pago por resultados en salud/educación aplicado en otras experiencias).
2. Auditoría pública y transparencia en tiempo real: publicar en dashboards públicos los beneficiarios de exoneraciones, el detalle de proyectos financiados con el fideicomiso y el avance físico-financiero. La opacidad facilita la captura; la transparencia permite seguimiento ciudadano y periodístico.
3. Fortalecer la capacidad técnica regional y distrital: programas de asistencia técnica prolongada (no consultorías puntuales) para planificación territorial, gestión de proyectos y compras públicas. Capacitar y asociar a gobiernos locales con universidades y redes de cooperación técnica para asegurar sostenibilidad.
4. Priorizar inversión en “infraestructura social básica” con enfoque territorial: agua y saneamiento, electrificación con energías renovables apropiadas para zonas aisladas, conectividad (Internet satelital o radioenlaces) y salud primaria. Esos componentes tienen mayor impacto en el IDH y en la reducción de NBI que obras aisladas de difícil mantenimiento.
5. Participación vinculante de comunidades indígenas y rurales: los planes de inversión deben incorporar mecanismos de consulta previa y co-diseño, garantizando que las intervenciones respondan a necesidades reales y respeten saberes locales. El desarrollo no puede ser hecho para la Amazonía sin ser hecho con la Amazonía.
6. Evaluación independiente y cláusulas de reversión: introducir evaluaciones independientes ex-ante y ex-post con capacidad de suspender beneficios si se detecta incumplimiento o uso indebido de fondos; además, cláusulas de reversión para recuperar beneficios fiscales si no se alcanzan metas sociales acordadas.
Finalmente, hay que reconocer un riesgo político: la implementación de estas medidas exige coraje y voluntad política, porque implica condicionar privilegios y controlar actores poderosos. Pero la alternativa —seguir amparando incentivos sin responsabilizar por resultados— condena a Loreto a la repetición de un fake-desarrollo: proyectos visibles, indicadores plateados y comunidades sin mejoras tangibles.
Si la Ley 30897 fue pensada como un puente hacia mejores servicios y oportunidades, hoy ese puente necesita refuerzos técnicos y reglas que obliguen a cruzarlo. De lo contrario, seguiremos discutiendo leyes y fideicomisos mientras los indicadores de la gente —salud, educación, saneamiento, dignidad— permanecen en el mismo lugar. Lo que Loreto reclama no son más exenciones, sino transformación real: políticas públicas que midan lo que importa y exijan resultados que la población pueda constatar en su vida diaria.
