✍️ Econ. Rany Francisco Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️
Por décadas, la administración pública peruana ha vivido atrapada en un ciclo que se repite con puntualidad ritual: llega un nuevo funcionario, reorganiza oficinas, desplaza equipos, instala a sus allegados… y el Estado vuelve a comenzar desde cero. Todo ello mientras las demandas ciudadanas —infraestructura pública, servicios eficientes, políticas sostenibles— exigen exactamente lo contrario: continuidad, profesionalismo y memoria institucional.
La escena es conocida. A una entidad pública arriba un nuevo jefe designado. Antes de revisar el trabajo existente o analizar el know-how acumulado por años, ejecuta su primer acto administrativo no escrito: remover al equipo que encuentra y reemplazarlo por personas de su confianza, usualmente provenientes de su experiencia previa en alguna otra institución. Es una práctica que trasciende ideologías y gobiernos, instalada casi como un reflejo cultural más que como una decisión racional.
El costo de este comportamiento es altísimo, aunque pocas veces se discute. Cada cambio de funcionarios implica un reinicio del aprendizaje, una ruptura de procesos y una pérdida de conocimiento tácito. Las instituciones se vacían una y otra vez de su propia experiencia. El Estado peruano opera, así, como un organismo sin memoria: cada acción pública se siente como si ocurriera por primera vez, incluso cuando existen antecedentes idénticos que podrían evitar errores.
En el universo de la gestión de proyectos y de productos (Project & Product Management), esto sería impensable. Desde hace décadas, la práctica de las lecciones aprendidas se ha convertido en un pilar estratégico. La idea es simple pero poderosa: cada proyecto deja enseñanzas que, si se documentan y se aplican correctamente, evitan repetir fallas y elevan exponencialmente la eficiencia. Es un mecanismo de inteligencia colectiva institucionalizado. El sector público peruano, sin embargo, parece funcionar sin este componente esencial.
Paradójicamente, la administración pública se ha obsesionado con seguir procedimientos —formularios, flujos, sistemas, manuales— pero ha descuidado por completo la reflexión sobre sus prácticas. Se cumple el proceso, sí, pero no se aprende del proceso. Y cuando no se aprende, se está condenado a repetir.
Existe, además, una idea equivocada que sirve de excusa para justificar el borrón y cuenta nueva cada vez que llega un nuevo funcionario: la creencia de que el cambio de personas es equivalente a un cambio de rumbo. No lo es. Un buen líder no necesita demoler lo que encuentra; necesita entenderlo. Y, cuando la maquinaria institucional funciona aceptablemente, debería preservarla, fortalecerla y recién después transformarla con visión estratégica. El cambio progresivo suele ser más eficaz que la cirugía mayor improvisada.
Un país que aspira al desarrollo no puede sostener un Estado que se reinicia cada tres años —o cada seis meses— según los vaivenes políticos o las redes personales de quien ocupa temporalmente un cargo. La estandarización de criterios, la profesionalización real del servicio público y la recuperación del prestigio de la memoria institucional no son lujos tecnocráticos; son condiciones básicas para proteger los recursos de los contribuyentes y para garantizar que cada sol invertido genere valor público.
Al final, la pregunta que debe hacerse el Perú no es solo cómo diseñar mejores sistemas, sino cómo construir un Estado que aprenda. Un Estado que reconozca que cada decisión tiene antecedentes, que cada error ya ocurrió antes, que cada solución exitosa merece replicarse. Porque cuando un país permite que su administración olvide constantemente su propia historia, lo condena a caminar sin brújula hacia un futuro que siempre está empezando… pero nunca avanzando.
