La minería ilegal avanza y se consolida como una actividad millonaria que afecta a comunidades, bosques y a la economía formal. Según el Instituto Peruano de Economía, el 44% del oro ilícito que sale de Sudamérica proviene del país y, para fines del 2025, los envíos clandestinos bordearían los US$12.000 millones, acercándose a las exportaciones legales.
Especialistas señalan que esta actividad funciona como una industria paralela alimentada por vacíos regulatorios, redes internacionales y mecanismos que permiten legalizar el metal antes de su salida, mientras los mercados de destino compran sin exigir trazabilidad.
