Petroperú atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Aunque en 2025 ha logrado reducir parte de las enormes pérdidas con las que cerró 2024, la empresa estatal continúa operando en un escenario financiero frágil. Las deudas acumuladas, la falta de liquidez y la presión que genera la operación de la Refinería de Talara mantienen a la empresa en una situación de alerta constante. Incluso cuando se han reportado recortes importantes en sus pérdidas y algunos avances en eficiencia operativa, la compañía todavía no alcanza la estabilidad que necesita para funcionar sin la sombra de un eventual salvataje estatal. A esto se suman los problemas operativos que se han presentado durante el año, como interrupciones temporales en la refinería por razones logísticas, así como cambios frecuentes en su directorio que alimentan la percepción de inestabilidad.
La situación es riesgosa porque, si el ritmo actual se mantiene, Petroperú podría seguir arrastrando pérdidas que obliguen al Estado a intervenir nuevamente con recursos públicos. Un escenario así reduciría su capacidad para invertir en mantenimiento e infraestructura, debilitando aún más su operación y exponiendo al país a eventuales desabastecimientos o incrementos en los costos del combustible. En el horizonte aparecen riesgos mayores: pérdida de competitividad frente a empresas privadas, necesidad de vender activos estratégicos o reestructurar radicalmente su modelo de gestión. Para evitar llegar a ese punto, la compañía necesita una reforma profunda que abarque su gobierno corporativo, su manejo financiero y su estrategia operativa. De lo contrario, no solo Petroperú seguirá vulnerable: también lo estará el abastecimiento energético del país, que depende en gran parte de su funcionamiento.
