El gerente municipal de Campoverde, Agustín Rolando Berrospi, informó que el pasado 18 de noviembre él y su equipo descubrieron que sus usuarios y claves para operar las cuentas municipales habían sido deshabilitados. Al intentar verificar los fondos, constataron que se habrían realizado movimientos y transacciones desde las cuentas institucionales.
Ante esta situación acudieron al Banco de la Nación, pero al no contar con accesos activos no pudieron recibir información, siendo derivados al Ministerio Público. Esto motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Anticorrupción, dejando constancia de la imposibilidad de operar las cuentas y del riesgo sobre los recursos públicos.
Debido a la demora de las primeras diligencias, el alcalde encargado y los regidores realizaron una nueva denuncia el 28 de noviembre. Ese mismo día se efectuó una diligencia de constatación en las instalaciones de la Municipalidad para recabar información sobre presuntos movimientos económicos irregulares, pese a que las cuentas estaban bloqueadas.
Según la denuncia del 28 de noviembre, habrían ocurrido giros y transferencias no autorizadas: alrededor de S/ 8 millones de una cuenta destinada a la construcción de seis puentes en distintos caseríos, más S/ 1.5 millones de recursos ordinarios. En total, fuentes externas citadas indican que el monto sustraído ascendería a unos S/ 11 millones.
Los regidores señalaron que existe constancia de que los accesos bancarios estaban deshabilitados desde el 18 de noviembre, por lo que ningún funcionario –incluyendo gerente municipal, tesorería o recursos humanos– podía realizar movimientos. El Banco de la Nación indicó que la información solo podría ser entregada a solicitud de la Fiscalía.
En la diligencia participaron la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección Anticorrupción de la PNP, el alcalde encargado y regidores. Las autoridades ediles pidieron una investigación exhaustiva para identificar responsabilidades, esclarecer cómo se movieron fondos desde cuentas bloqueadas y determinar el destino final de los recursos. Todo esto mientras el alcalde Donato Fernández permanece prófugo.
