✍️ Eduardo Lulli Arrarte
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RESPETADA OPINIÓN”
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🔥 Un conflicto que desnuda a una patética Fiscal
La querella de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza contra el congresista Fernando Rospigliosi no es un simple conflicto personal por declaraciones altisonantes.
La triste actuación de Espinoza es el reflejo de una lucha abierta por mantener un poder del Estado, donde la justicia ya no es percibida como un árbitro neutral, sino como una herramienta de confrontación política.
Espinoza decidió querellar a Rospigliosi tras una serie de declaraciones en las que el parlamentario la calificó como “proterrorista”, “filoterruca” y acusó a su gestión de perseguir policías y militares, mientras -según su versión- habría mostrado tolerancia hacia sectores vinculados a la fracasada izquierda radical.
Espinoza exigió primero rectificación pública mediante carta notarial. Ante la negativa, optó por la vía penal: una querella por difamación agravada. A fines de noviembre de 2025, el propio Rospigliosi confirmó que la querella había sido presentada y afirmó que constaba de alrededor de 58 páginas.
🏛 El trasfondo político: el intento de disolver Fuerza Popular
La discordia comenzó cuando Espinoza impulsó un pedido formal para cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular, alegando una conducta antidemocrática.
Para sus críticos, este acto no fue técnico ni legal, sino profundamente ideológico. Para sus defensores, la izquierda caviar y la prensa mermelera, siempre fue un gesto de valentía institucional.
Desde entonces, la figura de Espinoza, gracias a sus constantes insultos y ataques, se convirtió en uno de los blancos centrales del bloque parlamentario que hoy controla el Congreso.
🔥 El Congreso contra Espinoza: la denuncia constitucional 528
El Parlamento aprobó la Denuncia Constitucional 528, recomendando: Inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años
Atribuirle presuntos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato
Esto convirtió el conflicto en una guerra abierta entre un poder fiscal extinto y el legislativo.
Para el Congreso, Espinoza actuó fuera del marco legal. Para otros sectores, se trata de una represalia política por haber desafiado intereses partidarios.
💣 La medida cautelar contra la JNJ y la intervención del Tribunal Constitucional
Uno de los episodios más controvertidos del caso fue la acción judicial que ordenó a la Junta Nacional de Justicia reponer a Espinoza como fiscal suprema mediante una medida cautelar emitida por un juez de primera instancia.
La decisión fue inmediatamente cuestionada por juristas y constitucionalistas por tres razones fundamentales:
🚫 Un juez ordinario no puede suspender decisiones de un organismo constitucional autónomo.
🚫 La cautelar interfería en una facultad exclusiva de la JNJ.
🚫 El mandato judicial alteraba el equilibrio institucional.
El conflicto llegó entonces al Tribunal Constitucional, que zanjó la controversia con una resolución clara: El Tribunal Constitucional declaró improcedente la medida cautelar y le dio la razón a la JNJ.
El TC reafirmó que:
❌️Ningún juez puede situarse por encima de la JNJ.
❌️Las medidas cautelares no pueden anular decisiones constitucionales.
❌️El sistema de control no opera por atajos judiciales.
❌️Desde el punto de vista constitucional, la medida fue anulada sin ambigüedad.
💣La lectura política del episodio generado por una tozuda fiscal Delia Espinoza
Más allá del fallo jurídico, el episodio dejó un mensaje grave:
❌ ️La institucionalidad fue colocada en riesgo mediante el uso de mecanismos judiciales para revertir decisiones de un órgano constitucional autónomo.
❌ ️No es necesario afirmar una conspiración personal para llegar a una conclusión objetiva: la cautelar fue un intento jurídicamente improcedente de despojar a la JNJ de su autoridad constitucional.
✅️El Tribunal Constitucional frenó esa desviación institucional.
🔥 ¿Persecución a policías y militares? ¿Protección a delincuentes?
Las acusaciones más duras contra Espinoza provienen del bloque parlamentario que hoy la enfrenta:
🚫 Supuesta persecución a fuerzas del orden
🚫 Enfoque sesgado en procesos contra militares y policías
🚫 Tolerancia hacia sectores ideológicos afines al castillismo y la fracasada izquierda
Estas afirmaciones son:
✅ Discursos políticos documentados
❌ No sentencias judiciales
❌️ No existen, al día de hoy, fallos que prueben que Espinoza haya dirigido una política criminal a favor de la delincuencia o el terrorismo.
✅️ Pero sí existe un hecho incontrovertible:
🔥La legitimidad del Ministerio Público bajo su conducción quedó profundamente erosionada.
🔥 Difamación o crítica política: lo que decidirá el juez
🔥La querella gira en torno a una línea fina:
¿Dónde termina la opinión política?
¿Dónde empieza la imputación penal?
El juez deberá decidir si llamar “proterrorista” a una fiscal constituye: una opinión dura o una acusación penal sin sustento. Eso es lo que está en juego.
🔴 Conclusión: la justicia peruana como arena de poder
Este caso deja una verdad incómoda:
❌️La justicia en el Perú ha dejado de ser refugio. Se ha convertido en trinchera ideológica del caviarismo y progresismo.
❌️ La querella, la denuncia constitucional, la medida cautelar anulada y el fallo del TC no son hechos aislados: son capítulos de una misma crisis generada por la desbocada tozudez de una exfiscal de la Nación.
❌️ El país no discute solo el honor de una fiscal o la lengua de un congresista. Discute algo más grave:
Quién controla la justicia y quién pone límites al poder. Y por ahora, los límites solo los puso el Tribunal Constitucional.
