✍️ Fernando Meléndez Zumaeta
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“LORETO ES MI BANDERA”
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Carlos Humberto Alva.
Ha sido asesor de Alta Dirección del MINEM, con experiencia en los sectores público y privado.
En el balance de la actividad minera y sus entornos sociales en este primer cuarto de siglo que culmina, hay que señalar que hay de lo bueno, pero también lo malo y lo feo. Y claramente tenemos retos que superar conjuntamente entre el sector público y privado. Veamos algunos aspectos críticos que son tareas pendientes de resolver para viabilizar y darle sostenibilidad a la actividad minera de cara a la primera mitad de este siglo.
En cuanto a la conflictividad, lo bueno es que Arequipa finalmente contará con el proyecto Tía María, que se había convertido en la extensión de la lucha antiminera modelo tambograndino en el sur del país, rechazando violentamente cualquier intento de desarrollarlo hasta ahora. Sin embargo, el desprestigio de dirigentes y algunas autoridades que usaron una narrativa sin sustento para ocupar sus mandatos y construir sus cuotas de poder, terminaron imponiendo una realidad. Esto muestra que conflictos tanto ideológicos como de expectativas por la renta pueden ser superados con persistencia y estrategia, además de una valiente decisión política. Y que hoy el proyecto se convierta en el nuevo motor económico del sur peruano. Su impacto total será de US$ 18,200 millones en ingresos para Arequipa, generando empleo directo y desarrollo de otras actividades económicas. Ya con la autorización de explotación, Southern Copper iniciará el pleno desarrollo de la mina, y Tía María ayudará a consolidar el éxito arequipeño en la buena convivencia de la minería con sus entornos y contribuir al desarrollo nacional.
Pero también debemos ver la realidad que atraviesa el otro proyecto de Southern, situado en Cajamarca, Michiquillay, en el distrito de La Encañada. Ya tiene ocho años en espera, pero no son únicamente aspectos técnicos los que vienen atrasando su desarrollo. El contexto social y político tiene mucho que ver. Ha habido cambios en el escenario político local; y como ocurre en algunos casos, Michiquillay tiene un fondo social ya desde hace muchos años – antes de la llegada de la actual empresa- que financia proyectos en su área la zona de influencia “sin mover una sola piedra”, como dicen los lugareños.
Lamentablemente, esta situación de tener un fondo económico con un proyecto inmóvil se ha perennizado, y se ha convertido en un hecho consumado, el cual es interpretado por dirigencias comunales y autoridades como una obligación permanente de asignación de recursos por parte del Estado, pues son montos provenientes de una retribución empresarial que se convierten en fondos públicos. No es dinero de la empresa y tampoco de la comunidad o un grupo beneficiario. Pero, como suele ocurrir, por “políticamente inconveniente” no es aclarado de forma permanente. Adicionalmente, la figura de una asociación civil lo excluye de intervenciones de la Contraloría, teniendo únicamente un mecanismo de autocontrol anual que no se estaría aplicando con rigor y que es manejado administrativamente a la interna. ¿Resultado? Hace no mucho fueron detenidos funcionarios de ese fondo por acusaciones de malos manejos. Y mientras tanto, los representantes comunales exigen más dinero para sus proyectos, donde empresas comunales participan en su desarrollo. Esta experiencia muestra que los fondos sociales deben pasar por cambios sustanciales en orden de su buen funcionamiento, gobernanza y resultados transparentes y necesarios.
En el entorno de Michiquillay también se da la penetración de la minería ilegal. En el mismo sector de Michiquillay, caserío Culquirumi, hubo una intervención policial incautándose equipamiento y dinamita. Hay recurrencia del delito. Esto pasa igualmente en la zona de lo que fue el área de influencia del proyecto Conga. Ciertamente, los niveles de Gobierno han sido ineficaces en el control y freno a esta actividad criminal. Eso ya lo hemos analizado en un artículo anterior. La minería ilegal avanza y nos evidencia falencias y penetración que hoy ponen en jaque las capacidades del Estado, sus niveles de articulación y decisión política. Los ilegales buscarán consolidar su bloque de operadores en la nueva representación en el Congreso, para perennizar el limbo – Reinfo.
Otro reto también en el norte es el del proyecto Río Blanco (Río Blanco Copper), en la sierra piurana, en el distrito fronterizo de Carmen de la Frontera en Huancabamba. Ya se puede decir que es un proyecto de larga data, y siempre atravesó por una dura oposición de organizaciones sociales y autoridades de su entorno directo. Desempeñan un papel central las rondas campesinas que mantienen una línea ideológica antiminera, pero sus argumentos son fácilmente rebatibles si entrasen a una discusión abierta, cosa que evaden. No dialogan, emulan el modelo de cerrojo territorial que ha funcionado en Tambogrande y rechazan la presencia de la minería formal y moderna, amenazando e incluso agrediendo a aquellos paisanos que denuncian sus abusos, acusándolos de ser “pagados por la mina”. Igualmente, hay presencia de minería ilegal en su entorno. Estos agentes buscan la anulación tanto del proyecto Río Blanco como del de El Algarrobo (Cía. Buenaventura), ubicado en el también distrito fronterizo de Tambogrande en Piura. Los operadores antimineros estarían recibiendo apoyo de la minería ilegal, y de autoridades complacientes o presionadas para brindar apoyo, ya sea con recursos logísticos o monetarios. Mientras eso ocurre, autoridades provinciales y departamentales no se comprometen abiertamente a defender la actividad minera formal. Una carnada que la minería ilegal y el narcotráfico siguen aprovechando.
El silencio no ayuda, la inacción no impulsa estos proyectos. Un proyecto minero tarda aproximadamente una década en hacerse realidad. Lo que estamos haciendo como país es perder oportunidades. Hoy ya existen evidencias de la buenas prácticas mineras y de la convivencia de la minería formal con la agricultura y el uso del agua; es más, los proyectos mineros proveen de acceso a este recurso a la agricultura y a las poblaciones de sus entornos; desarrollan nueva infraestructura urbana y rural; brindan becas de estudios a nuevas generaciones, contribuyen al desarrollo local y pagan impuestos para sostenimiento de los servicios públicos y creación de nuevas oportunidades de desarrollo y cierre de brechas. Debe garantizarse la sostenibilidad de la minería desde los marcos legales, institucionales y sociales, con decisión y autoridad.
La minería ilegal trae destrucción, sustenta el crimen organizado, la violencia, la extorsión y ha corrompido voluntades, difundiendo algunos clichés como los de “minería del pueblo”, “minería ancestral”, que seguramente sonarán estos meses de campaña electoral. Son mentiras de quienes quieren someternos a todos y destruir al Perú. Elijamos bien a las nuevas autoridades, y vayamos hacia el medio siglo construyendo un país mejor, seguro y con oportunidades. Es nuestro derecho.
