El Pleno del Congreso aprobó que más de 3.000 docentes universitarios que no cuentan con maestría ni doctorado puedan continuar enseñando en las universidades, pese a que la Ley Universitaria exige esos grados desde 2014.
La medida beneficia únicamente a quienes ya ejercían la docencia antes de la vigencia de dicha norma y elimina la obligatoriedad de estos grados para su permanencia, ingreso y ascenso en la carrera pública.
