El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó una nueva regulación que refuerza el control del uso indebido de servicios móviles desde establecimientos penitenciarios, centros juveniles y zonas de alta seguridad, con el objetivo de reducir la incidencia de delitos como estafas y extorsiones. La medida quedó establecida mediante la Resolución N ° 000139-2025 y obliga a las empresas operadoras a aplicar tecnologías de geolocalización para identificar, de manera inmediata, líneas y equipos que operen dentro de estos recintos, incluso cuando no se encuentren realizando llamadas o enviando mensajes.
Según lo dispuesto, las operadoras deberán implementar un monitoreo permanente de las estaciones de radiocomunicación que brindan cobertura en dichas áreas restringidas. A diferencia del sistema anterior, basado en patrones de consumo y métodos probabilísticos, el nuevo enfoque tecnológico permite una detección más precisa y oportuna del uso prohibido del servicio móvil.
Una vez confirmada la operación de una línea dentro de un penal o centro juvenil, las empresas estarán obligadas a ejecutar el corte del servicio público móvil y proceder con el bloqueo del equipo terminal involucrado, con el fin de impedir su reutilización para fines ilícitos.
La norma también introduce un sistema de alertas dirigido a la ciudadanía. Cuando se detecte un intento de comunicación que podría originarse desde un centro penitenciario y aún no se haya realizado el corte del servicio, el destinatario recibirá de inmediato una advertencia mediante una locución de voz y un mensaje de texto (SMS). Esta alerta informará sobre el posible origen de la comunicación.
