Se investigan presuntas irregularidades cometidas por el suboficial PNP Javier Beltrán Tello Perea, jefe del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado (DEPINCCO) de Iquitos, quien habría suspendido en tres oportunidades una diligencia investigativa y posteriormente solicitado descanso médico para evitar su realización.
La diligencia estaba relacionada con la revisión de imágenes por una denuncia de presuntas agresiones físicas contra su cuñada Francinety Rivera Do Valle y su sobrina Thayane Suely Vásquez Rivera, hechos que habrían ocurrido el 8 de febrero de 2025 en la vereda de su vivienda, ubicada en la calle Borja N.° 423, distrito de Punchana.
Según la información, la diligencia fue suspendida inicialmente los días 17 y 22 de diciembre de 2025, bajo el argumento de enfermedad del abogado del investigado. Posteriormente, para la fecha programada del 29 de diciembre, el suboficial solicitó descanso médico ante el Policlínico Regional de Salud Policial de Iquitos, siendo admitido para los días 29 y 30 de diciembre.
No obstante, imágenes registradas el 30 de diciembre, entre las 14:00 y 21:00 horas, lo mostrarían participando en una celebración por su ascenso al grado de Suboficial Brigadier PNP en el restobar-cevichería “Punto de Encuentro”, ubicado en la calle Soledad 718. En dichas imágenes se le observa compartiendo con colegas e invitados, para luego retirarse del local alrededor de las 21:00 horas.
Estas acciones serían materia de investigación por una presunta falsedad genérica y vulneración del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, considerando que el descanso médico debe cumplirse en el domicilio del efectivo. Asimismo, se señala que la Inspectoría Descentralizada de Iquitos estaría obligada a verificar el cumplimiento de dicha medida.
De igual forma, se menciona que el Auxiliar de Investigación de la oficina de disciplina de Iquitos, suboficial de primera PNP Teddy Armando Vásquez Reaño, habría vulnerado el principio de celeridad al no resolver el procedimiento dentro del plazo establecido por ley, lo que abre la posibilidad de una investigación por presunta complicidad para buscar la prescripción del proceso administrativo disciplinario.
