El conflicto entre el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y la fiscal Sandra Castro ha escalado al plano público luego de la decisión de apartarla del Ministerio Público. Castro ha señalado que su salida respondería a una represalia personal; sin embargo, Gálvez rechaza tajantemente esa versión y sostiene que la medida obedece estrictamente al marco legal que rige la función fiscal y a una incompatibilidad expresa con la actividad política.
Gálvez afirma conocer a Sandra Castro desde hace años y recuerda que fue su alumna en la maestría de la Universidad San Martín. Según sus declaraciones, Castro ha pasado cerca de dos décadas fuera del país, lo que —a su juicio— explicaría afirmaciones que considera irresponsables, sin sustento jurídico y con un manejo inadecuado de categorías legales. En ese contexto, niega cualquier ánimo de venganza y subraya que la ley prohíbe de manera clara a los fiscales participar en actos políticos.
El fiscal de la Nación remarca que él mismo tuvo que renunciar a toda actividad política para reincorporarse al Ministerio Público, pese a haber sido fundador, presidente y precandidato presidencial de un partido político. Precisa que la incompatibilidad entre la función fiscal y la política es absoluta, y que ningún fiscal puede realizar actos proselitistas o participar en procesos electorales bajo ninguna modalidad.
En el caso concreto de Sandra Castro, Gálvez sostiene que la situación se agrava porque ella, en su condición de fiscal provisional, habría incurrido en actos políticos al participar como candidata al Senado. Según explica, esa sola participación constituye una infracción evidente a la prohibición legal, lo que hacía inviable su permanencia en el Ministerio Público. Desde esa perspectiva, insiste en que la decisión no fue personal ni arbitraria, sino una consecuencia directa de la norma y de la conducta atribuida a la propia fiscal.
El enfrentamiento deja al descubierto no solo una disputa entre dos figuras del sistema de justicia, sino también un debate de fondo sobre los límites entre la función fiscal y la actividad política, en un escenario donde la credibilidad institucional vuelve a estar bajo escrutinio público.
