Las autoridades del centro poblado Bellavista Callarú, comunidad indígena ticuna ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, otorgaron un plazo de 30 días al Gobierno Central para atender la crítica situación de inseguridad que enfrenta la zona, afectada por el avance del narcotráfico y el crimen organizado en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.
El alcalde Desiderio Flores Ayambo señaló que, de no recibir una respuesta concreta por parte del Estado peruano, se evaluarán medidas extremas, incluyendo la posibilidad de solicitar su incorporación al territorio brasileño, como una señal de protesta frente al prolongado abandono estatal.
Las autoridades denunciaron la falta de presencia policial, sistema de justicia, servicios de salud y educación, así como la ausencia de servicios básicos. Asimismo, indicaron que la escasa integración con el Estado se refleja en el uso habitual de monedas extranjeras en las actividades comerciales de la comunidad.
Finalmente, exigieron la creación del distrito de Bellavista Callarú, un proceso que aseguran permanece paralizado pese a cumplir con los requisitos legales, lo que profundiza la sensación de olvido por parte del Gobierno Central.
