✍️ Econ. Rany Francisco Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
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En el Perú, el problema no es la falta de información. Es algo más grave: el Estado no sabe escucharse a sí mismo.
Desde el cruce de historias clínicas entre las IPRES hasta el intercambio de expedientes entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, desde las estadísticas de accidentes de tránsito hasta la generación de citas médicas, desde las actas de notas escolares hasta los códigos modulares de las instituciones educativas, el diagnóstico es el mismo: sistemas que no conversan, datos que no fluyen, decisiones que se toman a ciegas. El caos no es anecdótico; es estructural.
La interoperabilidad —ese concepto que suele habitar presentaciones de PowerPoint y documentos normativos— no se ha traducido en condiciones mínimas de operación real. Cada entidad administra su información como un feudo: plataformas distintas, estándares inexistentes o ignorados, procesos manuales disfrazados de digitalización. Automatizar, cuando ocurre, se hace de manera aislada, sin visión sistémica, sin una arquitectura común que permita que el dato viaje, se valide y genere valor público.
Las consecuencias no son abstractas. Cuando una historia clínica no llega a tiempo, la brecha no es solo administrativa: es clínica, es humana. Cuando la información entre fiscalía y policía se fragmenta, la demora no es solo procesal: puede significar impunidad. Cuando los datos estadísticos de accidentes no se integran, la política pública se formula tarde y mal. Y en determinados contextos —emergencias médicas, violencia, desastres— la información que no llega puede significar la pérdida irreparable de la integridad física, e incluso la muerte.
Paradójicamente, esto ocurre en un país donde el presupuesto público crece año tras año. El problema no es cuánto se gasta, sino cómo se prioriza. Millones de soles podrían ahorrarse —en tiempo, en recursos, en desgaste institucional— si se apostara seriamente por la automatización de procesos, la interoperabilidad efectiva y la optimización de flujos de trabajo. Eso implica, de manera objetiva, eliminar desperdicios: menos reprocesos, menos trámites redundantes, menos horas-hombre perdidas en tareas que una máquina podría resolver mejor y más rápido.
Las metodologías existen. Lean, Six Sigma, mejora continua, gestión por procesos. No son modas empresariales; son herramientas probadas para reducir errores y maximizar valor. Pero en el sector público peruano chocan con dos muros persistentes: la alta rotación de personal —que impide la acumulación de conocimiento institucional— y una cultura organizacional que, por comodidad o temor, ha hecho del status quo una forma de supervivencia.
La interoperabilidad no es un lujo tecnológico ni un proyecto piloto para mostrar modernidad. Es una condición básica para que el Estado funcione como un sistema y no como una suma de islas. Mientras no se entienda que cada base de datos cerrada es una oportunidad perdida —y, en ciertos casos, una vida puesta en riesgo—, el Perú seguirá pagando caro no por falta de recursos, sino por falta de decisión.
Porque un Estado que no comparte información no solo es ineficiente. Es, en el peor de los casos, peligrosamente lento.
