La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto investiga una denuncia presentada por la ciudadana Lorena Ramírez Cárdenas contra la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Belén, Lina Mercedes Arista López, el gerente municipal Carlos Pezo Vásquez, el funcionario Gerald Marcel Padilla Vargas y varios regidores, por presuntos delitos de nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad, encubrimiento e interferencia en el derecho de participación ciudadana.
La denuncia señala que la alcaldesa habría colocado a familiares en puestos dentro de la municipalidad, lo que configuraría un caso de nepotismo. A partir de esa acusación se solicitó formalmente su vacancia en agosto de 2025. Sin embargo, desde enero de este año las sesiones de concejo convocadas para debatir el tema han sido suspendidas una tras otra.
Según el documento presentado ante la Fiscalía, las reprogramaciones y observaciones administrativas habrían sido utilizadas para interrumpir el debate de fondo sobre la vacancia. En ese proceso aparece el funcionario Gerald Marcel Padilla Vargas, quien concentra funciones en asesoría jurídica, secretaría general y gestión documentaria, desde donde —según la denunciante— se habrían realizado maniobras administrativas que terminaron postergando la sesión en varias ocasiones.
La denunciante sostiene que mientras se interrumpe el proceso de vacancia, dentro de la municipalidad se estaría moviendo una red de intereses políticos vinculados al exalcalde César Vidaurre, conocido como “el Gordito”, hoy aspirante a una diputación.
Uno de los puntos más delicados es la presunta participación de trabajadores municipales en actividades políticas. Existen fotografías y registros que muestran a personal de la Municipalidad de Belén viajando con Vidaurre hacia Yurimaguas en plena campaña y durante horario laboral, lo que abre serias dudas sobre el uso de recursos y personal público con fines políticos.
La denuncia también menciona expedientes y obras que favorecerían a determinados profesionales vinculados al entorno municipal, entre ellos el arquitecto Martín Álvarez Ramírez, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles expedientes técnicos y proyectos que existirían en papeles pero cuya ejecución es discutida por vecinos y trabajadores.
Todo este escenario ha llevado a que dentro y fuera de la municipalidad se hable de una gestión convertida prácticamente en una chacra política. Una institución pública que, según la denuncia, estaría funcionando como el patio trasero de un exalcalde que ya no ocupa el cargo, pero que seguiría teniendo influencia en decisiones internas mientras prepara su retorno a la política nacional.
La pregunta que muchos ciudadanos de Belén empiezan a hacerse es inevitable: si así se maneja el poder desde fuera del cargo, qué podría ocurrir si ese mismo grupo logra llegar al Congreso. Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción ya tiene los documentos en sus manos y los denunciados han sido citados para rendir sus declaraciones. En Belén, el caso recién empieza a destaparse.
