✍️CHRISTIAN ZEUS PINASCO MONTENEGRO
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“CONSTRUYENDO FUTURO EN LA AMAZONIA”.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, libró una verdadera lucha contra las organizaciones criminales en su país, que sirve de ejemplo a muchos países latinoamericanos. Pero su verdadera lucha está claramente con las organizaciones de derechos humanos, las mafias y organizaciones criminales, así como con los “periodistas”, activistas y personeros de las ONG pagadas por Open Society Foundations, quienes en los últimos dos días han estado afirmando que el informe de “los expertos y expertas de derechos humanos” sobre El Salvador no exige la liberación de TODOS los pandilleros detenidos desde que inició el Régimen de Excepción. Sin embargo, sí lo exigen, y múltiples veces.
Señala además que, si se acepta que el 100% de las detenciones son ARBITRARIAS (ver imagen 1), todo Estado estaría obligado AUTOMÁTICAMENTE a liberar al 100% de los detenidos.
Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida ARBITRARIAMENTE.
Calificar una detención como arbitraria es sinónimo de exigir su liberación inmediata.
Ya lo dijeron los “expertos y expertas”, pero también lo señala varias veces el documento presentado. Asimismo, afirman que el 100% de las detenciones han sido “sin garantías mínimas y sin el debido proceso” (ver imagen 2), lo que también obligaría a su liberación inmediata.
Por cierto, también indica que encarcelar a alguien por ser quien es (pandillero) y no por los delitos cometidos es una violación a sus derechos humanos (ver imagen 3); es decir, que si alguien es pandillero y tiene tatuado MS13 en la frente, no puede ser detenido por eso, sino que deben probársele otros delitos, ya que no se puede “penalizar al autor por ser quien es”, como si ser pandillero fuera un derecho de identidad.
El informe incluso exige LITERALMENTE al Estado de El Salvador:
1. Poner fin al Régimen de Excepción.
2. Derogar la legislación penal, procesal penal y procesal juvenil que lo acompañan.
3. Retirar a la Fuerza Armada de la seguridad pública (ver imagen 4).
Bukele se alegra de que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen.
Su objetivo es claro: quieren ver caos en su país, que se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la criminalidad, y también en los países que se han unido en un bloque llamado Escudo de las Américas.
El bloque latinoamericano convocado por Donald Trump se llama “Escudo de las Américas” (o “Shield of the Americas”), una coalición de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Esta alianza busca contrarrestar influencias externas como China y cuenta con la participación de líderes de derecha o centro-derecha, donde Bukele evidentemente es un referente.
El Perú, ajeno a esta influencia de ONG y “derechohumanistas”, es un caso desconocido, donde desde el gobierno de Alejandro Toledo se liberó a miles de terroristas condenados, y muchos de ellos lograron abultadas indemnizaciones del gobierno peruano. Estas indemnizaciones beneficiaron no solo a las ONG y a las supuestas familias afectadas, sino que también permitieron construir una narrativa destructiva y de odio contra el gobierno de Alberto Fujimori.
Fujimori se convirtió en un enemigo público por derrotar al terrorismo y la criminalidad organizada en menos de un mes. A poco tiempo de elegir a un nuevo gobernante, debemos optar por alguien que busque el orden y logre mantener al Perú en una estabilidad económica, como se alcanzó en los años noventa.
