La vigilancia ciudadana es considerada un elemento clave para garantizar la transparencia en las elecciones generales de 2026. Además de la labor de las autoridades electorales, la participación activa de la población contribuye a prevenir y detectar posibles infracciones.
Durante la jornada rigen disposiciones como la ley seca, la prohibición de propaganda y restricciones en la cámara secreta. También se contempla sanciones penales ante conductas como la entrega de dádivas, coacción o perturbación del proceso.
La presencia de ciudadanos organizados y personeros en los locales de votación refuerza el control y la observancia de la normativa vigente.
