El caso que ha desatado indignación en Iquitos tiene imágenes contundentes. Cámaras de seguridad registraron cómo Alfredo Arturo Bon Blas atacó violentamente al suboficial Jean Pierre Reátegui Tafur dentro de una dependencia policial, luego de ser intervenido por presunto estado de ebriedad. En el video se observa que lo sujeta y le propina reiterados rodillazos en el rostro, impactando directamente en la nariz hasta provocarle la fractura del tabique, una lesión grave que lo dejó fuera de servicio y en evaluación médica.
Sobre su vínculo con el Gobierno Regional de Loreto, existe un comunicado oficial que señala que no sería ni habría sido funcionario; sin embargo, testigos aseguran que habría sido visto despachando y ejerciendo funciones dentro de la institución, lo que ha generado mayores cuestionamientos.
Pese a la contundencia de las imágenes y a que el agente estaba uniformado —lo que agrava el hecho al tratarse de violencia contra la autoridad—, la Fiscalía dispuso su liberación en pocas horas. La decisión se sustentó en un criterio legal: la prisión preventiva solo procede cuando la pena mínima supera los cinco años, y en este caso, incluso considerando agravantes, la posible condena podría reducirse por mecanismos como la terminación anticipada, quedando por debajo de ese umbral.
Este argumento ha sido duramente cuestionado. Desde la Defensoría del Policía se advierte que no se trata de una agresión menor, sino de un ataque directo y violento contra un efectivo en funciones, lo que en el Código Penal puede encuadrar en delitos como violencia y resistencia a la autoridad, con agravantes por el uso de fuerza física que causó lesiones. La percepción ciudadana es otra: un hecho captado en video, con consecuencias evidentes, que termina sin detención efectiva del agresor.
En ese contexto, el director de la Defensoría del Policía, Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, llegó a Iquitos y anunció que se impulsará la destitución de los fiscales Katherine Gonzáles Cahuaza y Ulices Rivasplata. También se buscará una reunión con la Junta de Fiscales para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el suboficial continúa su recuperación y no se descarta su traslado a Lima para una intervención quirúrgica, en medio de un caso que reabre una discusión de fondo: los límites de la ley frente a hechos de violencia que la ciudadanía percibe como graves.
