Circula en redes sociales un video que afirma que un docente estaría incentivando a sus alumnos a votar por el candidato presidencial Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. Sin embargo, el contenido no proviene de medios formales ni ha sido verificado por autoridades electorales o educativas. La evidencia disponible se limita a publicaciones en plataformas como Facebook e Instagram, sin contexto completo, sin identificación confirmada del docente ni del centro educativo, y sin garantías de autenticidad o integridad del material difundido ([Facebook][1]). En paralelo, no existen reportes oficiales ni investigaciones abiertas que respalden la acusación como un hecho comprobado hasta el momento.
El caso emerge en un clima político altamente polarizado. Roberto Sánchez, candidato de izquierda y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, ha logrado posicionarse en la segunda vuelta con fuerte respaldo rural, en medio de tensiones entre sectores urbanos y andinos ([El País][2]). En este contexto, la difusión de contenidos no verificados —especialmente cuando involucran a menores o instituciones educativas— plantea un riesgo concreto: convertir percepciones o recortes editados en “hechos” sin sustento. La legislación peruana prohíbe la propaganda política dentro de instituciones educativas públicas, pero también exige pruebas antes de formular acusaciones. Sin verificación independiente, el caso se mantiene en el terreno de lo viral, no de lo confirmado.
