El autodenominado “apu” de la comunidad de Providencia ha cruzado todos los límites. Con un discurso confrontacional y autoritario, se pronuncia como si estuviera por encima del Estado y de cualquier norma, exigiendo millones de soles sin claridad alguna sobre el destino de ese dinero. ¿Para quién es realmente ese monto?
Lejos de representar legítimamente a su comunidad, ha montado una escena donde un grupo de pobladores repite un guion evidente. Lo más grave: en ese entorno hay mujeres y numerosos niños, utilizados como escudos humanos en medio de un conflicto que él mismo ha exacerbado. Mientras tanto, mantiene retenida una barcaza, agravando aún más la situación.
El dirigente no solo condiciona sus acciones, sino que pretende dar órdenes al Estado “si es que quieren la paz”, al mismo tiempo que exige que no se envíen fuerzas del orden. Una contradicción que revela el trasfondo: presión, chantaje y control mediante la intimidación.
Nadie está por encima de la ley. El uso de la violencia, la manipulación de pobladores y el aprovechamiento de la desinformación no pueden ser tolerados. Este tipo de acciones no defienden derechos; buscan beneficios propios a costa de una comunidad vulnerable a la que dicen representar, pero que mantienen en la ignorancia para sostener sus intereses.
El Estado tiene la obligación de actuar con firmeza y utilizar todos los recursos necesarios para restablecer el orden dentro del territorio nacional. La paz no se negocia bajo presión ni bajo amenazas.
