✍️Econ. Rany Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️
Por momentos, la historia de los conflictos socioambientales en el Perú parece avanzar en círculos. La reciente intensificación de la protesta en Datem del Marañón, con la adhesión de comunidades Awajún al bloqueo vial, no es un hecho aislado. Es, más bien, el síntoma previsible de un patrón persistente: compromisos que se firman con solemnidad, pero que se diluyen con el tiempo hasta volverse irreconocibles.
El problema no es únicamente la protesta. Es el vacío que la precede.
Durante años, el Estado peruano ha respondido a los conflictos con una lógica episódica: interviene cuando la crisis estalla, negocia bajo presión y luego se retira con la misma rapidez con la que llegó. Este modelo —reactivo, fragmentado— ha demostrado ser profundamente insuficiente frente a la complejidad de territorios donde la economía extractiva convive con comunidades que no solo demandan compensaciones, sino reconocimiento, participación y continuidad en el diálogo.
La sostenibilidad de los acuerdos es, hoy, el eslabón más débil. Actas firmadas en mesas de diálogo se convierten en promesas incumplidas cuando no existen mecanismos claros de seguimiento, indicadores verificables ni responsables institucionales con permanencia en el territorio. Lo que queda es una memoria colectiva de incumplimientos que erosiona la confianza y convierte cualquier nuevo proceso de negociación en una cuesta más empinada.
En ese contexto, la comunicación no puede ser entendida como un acto puntual, sino como un proceso permanente. No se trata solo de informar decisiones, sino de construir relaciones. La ausencia de canales de diálogo continuo —más allá de las coyunturas críticas— deja espacio a la desinformación, la frustración y, finalmente, a la movilización como único mecanismo efectivo de presión.
Pero la comunicación, por sí sola, no basta.
Se requiere también un monitoreo vigilante, sistemático y transparente. Esto implica pasar de acuerdos declarativos a compromisos medibles: cronogramas públicos, plataformas de seguimiento accesibles, participación activa de las propias comunidades en la verificación de avances. Sin este componente, cualquier promesa está condenada a la sospecha.
Lo que ocurre en la Amazonía peruana no es un problema aislado de gobernanza local. Es una señal de advertencia sobre la fragilidad de un modelo de desarrollo que, sin mecanismos sólidos de diálogo y cumplimiento, genera más tensiones de las que resuelve. La economía extractiva, lejos de ser únicamente una fuente de ingresos, se convierte entonces en un catalizador de conflictos cuando no está acompañada de instituciones capaces de sostener la palabra empeñada.
El desafío no es menor, exige presencia estatal constante, capacidades técnicas en territorio y, sobre todo, voluntad política para asumir que la gestión de conflictos no termina con la firma de un acta. Empieza ahí.
Mientras eso no ocurra, cada nuevo bloqueo, cada nueva protesta, no será una sorpresa. Será la consecuencia lógica de un sistema que aún no ha aprendido a escuchar —ni a cumplir— de manera sostenida.
