La comunidad Arabela expresa su rechazo a la implementación de los PIACIS en sus territorios y cuestiona la actuación del Estado peruano. También señalan el silencio de autoridades locales como las del Napo, Maynas y el Gobierno Regional de Loreto.
Según lo difundido, desde las 3 p. m. los pobladores se movilizan para defender lo que consideran su territorio, en medio de un clima de tensión. Asimismo, manifiestan su oposición a la presencia de organizaciones y funcionarios vinculados al tema ambiental.
El caso vuelve a poner en debate la relación entre el Estado, las comunidades indígenas y las políticas de protección de pueblos en aislamiento, en un contexto marcado por desconfianza y conflicto.
