✍️Econ. Rany Rodríguez Reátegui
Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
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En algún lugar de los Andes peruanos, un ciudadano deposita su voto en una urna de cartón. Horas después, cuando la jornada electoral ha terminado, ese voto inicia un viaje extraordinario: es contado manualmente, registrado en actas físicas, trasladado por carreteras, ríos, avionetas o embarcaciones, consolidado en centros de cómputo y finalmente incorporado al resultado nacional. Todo ello en un país donde, paradójicamente, millones de personas transfieren dinero desde un teléfono móvil en cuestión de segundos.
La contradicción es difícil de ignorar.
Perú se convirtió en una de las sociedades latinoamericanas que más rápidamente adoptó los pagos digitales. Las billeteras electrónicas penetraron incluso en segmentos de población históricamente excluidos del sistema financiero formal. Comerciantes de mercados populares, mototaxistas, bodegueros y agricultores comenzaron a realizar transacciones mediante códigos QR con una naturalidad que habría parecido impensable una década atrás.
La tecnología venció obstáculos que durante años parecían insalvables: distancia geográfica, acceso bancario limitado y costos de operación elevados. Lo logró porque resolvió una cuestión fundamental: la confianza.
Cuando una persona envía dinero mediante una aplicación móvil, no observa físicamente el trayecto de los fondos. No acompaña los servidores que procesan la operación. No verifica personalmente cada protocolo criptográfico. Simplemente confía en que existe una arquitectura tecnológica robusta capaz de garantizar la seguridad de la transacción.
Y funciona.
Cada día circulan millones de operaciones digitales sin que los usuarios exijan comprobaciones manuales del proceso. La confianza no proviene del papel. Proviene de los sistemas.
Sin embargo, esa lógica desaparece cuando hablamos de elecciones.
De pronto, una sociedad que acepta la digitalización de su patrimonio financiero se muestra profundamente escéptica frente a la digitalización de su voluntad política. Seguimos creyendo que la seguridad electoral depende de la existencia de una cédula física marcada con lapicero, de un acta firmada a mano y de un complejo sistema logístico encargado de transportar documentos desde los lugares más remotos del territorio nacional.
Es una visión comprensible desde la historia. Las democracias construyeron sus sistemas electorales en épocas donde la tecnología digital simplemente no existía. El papel era la mejor garantía disponible. Pero una garantía adecuada para el siglo XX no necesariamente lo es para el siglo XXI.
La pregunta incómoda es si estamos protegiendo la integridad electoral o simplemente preservando procedimientos familiares.
Los riesgos tecnológicos existen, por supuesto. Ningún sistema digital es infalible. Tampoco lo son los sistemas manuales. Las actas pueden deteriorarse, perderse, contener errores humanos o sufrir problemas logísticos durante su traslado. La diferencia es que los errores manuales suelen percibirse como naturales, mientras que los errores tecnológicos generan alarma inmediata.
No se trata de reemplazar de la noche a la mañana la totalidad del sistema electoral peruano por una aplicación móvil. Se trata de reconocer que la discusión ya no es tecnológica sino cultural.
La verdadera barrera no es la capacidad técnica del país. Es la confianza institucional.
Perú ya demostró que puede digitalizar procesos complejos que involucran activos económicos reales. Ha demostrado que puede construir infraestructuras seguras para millones de transacciones diarias. Ha demostrado que los ciudadanos son capaces de adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías cuando estas ofrecen eficiencia y comodidad.
Lo que aún no ha demostrado es que pueda trasladar esa misma confianza al corazón de su democracia.
Mientras tanto, cada elección continuará dependiendo de un enorme esfuerzo humano y logístico para trasladar papeles desde los rincones más alejados de la Amazonía, la sierra, la costa peruana y los países y lugares más alejados del mundo. Un proceso admirable por su alcance territorial, pero también revelador de una pregunta que tarde o temprano deberá responderse:
Si ya confiamos nuestro dinero a los algoritmos, ¿por qué seguimos desconfiando nuestro voto a la tecnología?
Tal vez la modernización electoral no dependa de inventar nuevas herramientas. Tal vez dependa, simplemente, de aceptar que el futuro ya llegó a casi todos los ámbitos de nuestra vida, excepto a uno de los más importantes: la forma en que elegimos a quienes nos gobiernan.
