El IPYS volvió a rechazar el informe aprobado por el Congreso que recomienda investigar al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, argumentando que se busca criminalizar la labor periodística.
Sin embargo, el informe parlamentario no cuestiona el ejercicio del periodismo como tal, sino presuntos hechos y actuaciones que, por su relevancia pública, merecen ser investigados por las instancias correspondientes. Pretender que toda observación o investigación constituye un ataque a la libertad de prensa resulta una posición insostenible frente al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.
La libertad de expresión es un pilar democrático, pero no puede convertirse en un escudo frente al escrutinio público. Si existen indicios, testimonios o documentación que generan cuestionamientos, corresponde que estos sean esclarecidos. Investigar no es perseguir ni condenar; es cumplir con el deber de transparencia que debe alcanzar a todos, incluidos quienes durante años han ejercido influencia en la política y la opinión pública nacional.
