Desde la CRAL destacaron que la puesta en marcha de estos despachos permitirá descentralizar la persecución penal y reducir los márgenes de impunidad en la Amazonía peruana, asegurando que los jueces designados cuenten con dedicación exclusiva para estas materias.
El éxito de esta gestión se respaldó en el trabajo coordinado de la comisión, la cual congrega a los máximos representantes de las principales instituciones de la región, incluyendo al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Maynas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Anticorrupción, así como representantes de las iglesias Católica y Protestante.
