EL PERÚ COMPRA MAL

✍️Econ. Rany Rodríguez Reátegui

Artículo del Periódico Digital LA SELVA
“RUMBOS”
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La ilusión de la reforma en contrataciones públicas: por qué el Perú sigue comprando mal -y caro-

En el papel, el Perú ha dado un salto importante. La Ley N.º 32069, vigente desde 2025, no es una norma menor: introduce diálogo competitivo, precalificación, segmentación estratégica de compras e incluso contratos internacionales estandarizados.

Es, en teoría, un giro hacia el siglo XXI.
Pero en la práctica, el Estado peruano sigue comprando como si viviera en el XX. Y esa brecha —entre norma y realidad— no es técnica. Es política. Y, en algunos casos, deliberada.

I. El espejismo normativo

La reforma no es trivial. El reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 009-2025-EF incorpora herramientas que durante años el sector privado ya dominaba:

Precalificación de proveedores
Diálogo competitivo antes de adjudicar
Evaluación reputacional (FUP)
Segmentación de compras según criticidad
Uso de contratos internacionales de ingeniería
Juntas de resolución de disputas (JPRD)

Incluso se reconoce algo que el sector público evitó por décadas: no todas las compras son iguales. Sin embargo, el problema no es la ley. Es el sistema que la ejecuta. Porque una norma puede habilitar eficiencia… pero no puede imponerla.

II. El mundo paralelo del sector privado

Mientras el Estado debate procedimientos, el sector privado —especialmente en desarrollos inmobiliarios, malls y megaproyectos— ya resolvió problemas que la administración pública aún diagnostica.

Empresas transnacionales y grandes desarrolladores en el Perú operan con modelos como:

EPC (Engineering, Procurement and Construction)
Design & Build (Diseño–Construcción integrado)
Construction Management at Risk (CMAR)
Procurement estratégico basado en cadena de suministro global

Estos modelos no son modas: son el resultado de décadas de aprendizaje desde operaciones logísticas masivas —desde el desembarco en Normandía hasta las cadenas globales contemporáneas. En ellos:

El diseño y la ejecución se integran
El proveedor se selecciona por desempeño, no solo por precio
El riesgo se distribuye contractualmente desde el inicio
El tiempo es una variable central, no un daño colateral

Y, sobre todo, hay un principio que el Estado aún no internaliza: El costo más caro no es el precio, es la ineficiencia.

III. El corazón del problema: el fetiche del procedimiento

El sistema público peruano sigue atrapado en una lógica que confunde control con calidad. Durante décadas, la obsesión ha sido:

Evitar errores formales
Blindar decisiones ante auditorías
Priorizar el menor precio como señal de transparencia

Pero esto ha producido una paradoja conocida por cualquier ingeniero: Se puede cumplir perfectamente la ley… y fracasar completamente en el proyecto.

La nueva ley intenta corregir esto. Introduce mecanismos más sofisticados. Pero el aparato administrativo sigue operando bajo incentivos antiguos:

El funcionario teme innovar más que equivocarse
El sistema sanciona la discrecionalidad, incluso cuando es técnica
La trazabilidad documental pesa más que el resultado

En consecuencia, el “procedimiento correcto” reemplaza al “proyecto exitoso”.

IV. La resistencia invisible

¿Por qué no migrar plenamente hacia modelos modernos que ya funcionan en el Perú privado? Porque hacerlo implicaría redistribuir poder. Los modelos ágiles y estratégicos:

Reducen intermediaciones innecesarias
Limitan espacios de manipulación técnica
Hacen más transparente la asignación de riesgos
Acortan tiempos —y con ello, oportunidades de captura

Y ahí aparece el problema estructural:

La ineficiencia no siempre es un error. A veces es un modelo de negocio.

V. La evidencia cotidiana: cuando la logística falla

No hace falta mirar megaproyectos para ver el problema. El desabastecimiento de insulina en el sistema de salud —recurrente, inexplicable en un país con acceso global a proveedores— no es una falla de mercado. Es una falla de procurement. Es la evidencia de que:

La planificación es débil
La contratación es rígida
La cadena de suministro no está integrada
Y los incentivos están mal alineados

En el sector privado, una ruptura de stock crítica es una crisis inmediata.
En el sector público, puede convertirse en un expediente.

VI. Dos sistemas, un país

Hoy conviven en el Perú dos realidades:

1. El Estado

Procedimental
Fragmentado
Reactivo
Legalista
Lento

2. El sector privado moderno

Integrado
Predictivo
Basado en desempeño
Orientado a resultados
Logísticamente sofisticado

La tragedia no es que existan ambos. La tragedia es que el Estado no aprende del segundo, aun cuando opera dentro del mismo territorio, con los mismos proveedores y bajo las mismas condiciones de mercado.

VII. Lo que realmente está en juego

El debate no es jurídico. Es civilizatorio. Porque contratar bien no es un tema administrativo. Es la base de:

Infraestructura funcional
Servicios públicos confiables
Sistemas de salud resilientes
Educación con condiciones mínimas

Persistir en modelos tradicionales no solo encarece obras.
Deteriora la vida cotidiana.

Epílogo: la reforma pendiente

El Perú ya tiene una ley que apunta en la dirección correcta. Lo que falta no es norma. Es decisión. Decisión para:

Profesionalizar verdaderamente al comprador público
Aceptar la gestión de riesgos como parte del sistema
Migrar hacia modelos integrados de contratación
Y, sobre todo, abandonar la ilusión de que el procedimiento es sinónimo de transparencia

Porque la historia —desde Normandía hasta el retail moderno— ya demostró algo simple:

“La eficiencia logística no es una opción técnica. Es una condición de supervivencia”. Y en el sector público peruano, aún no se actúa como si eso fuera cierto.