El Perú atraviesa una de las crisis institucionales más graves de las últimas décadas. No hablamos solo de la grave crisis de inseguridad ni de la corrupción. Hablamos de una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa: la pérdida de confianza en el sistema electoral, en el corazón mismo de nuestra democracia.
Cuando un peruano siente que su voto ya no cuenta y que su decisión puede ser alterada, ya no estamos solo ante una crisis política, sino ante una fractura de la República, porque se rompe la confianza en la democracia misma.
Han pasado más de 15 días desde las elecciones y hoy solo tenemos resultados manipulados. Nunca, desde el retorno de la democracia, habíamos visto un proceso tan prolongado y cuestionado. Esa demora ya no deja solo sospechas, sino evidencias claras de un proceso viciado, manchado y deslegitimado. Y esas evidencias son hechos concretos que millones de peruanos vivieron: mesas que no se instalaron, material electoral que nunca llegó, equipos que fallaron y una cadena de irregularidades que terminó afectando la voluntad popular.
Lo más grave es que todo este proceso fue manchado por la misma institución que debía garantizar transparencia: la ONPE, hoy convertida en un símbolo de desconfianza por haber conducido un proceso caótico, direccionado y contaminado. Y el JNE, que tenía el deber constitucional de fiscalizar y defender el derecho al voto, decidió mirar al costado y terminó siendo cómplice de este atropello a la voluntad popular.
Es ahí donde comienzan las dudas. Ya no hablamos del fraude a la antigua, donde alguien alteraba una cédula dentro de un ánfora. Hoy la estrategia es mucho más sofisticada y peligrosa: no se trata solo de cambiar votos, sino de direccionar la elección.
Aquí no importa quién vota. Aquí importa quién controla los tiempos, quién distribuye el material electoral, quién decide qué mesa abre y cuál no, quién administra el sistema informático y quién cuenta los votos. Y en el Perú, quien administra ese proceso y cuenta los votos es la ONPE.
Así es como esta elección fue manipulada. Bastó jugar con los tiempos, con el cansancio del elector, con el ausentismo provocado y con las demoras selectivas que terminaron alterando el resultado. Francisco Tudela lo explicó claramente: es como cuando un policía se para frente al semáforo y, aunque la luz esté en verde, decide quién avanza y quién se detiene. No cambia la señal, pero sí cambia el resultado.
Eso fue lo que sentimos gran parte del país: que alguien, desde el control del proceso electoral, terminó direccionando la elección.
Pero lo más grave es que estamos normalizando estas irregularidades, como si fuera aceptable jugar con la voluntad popular y la democracia. Aquí no se trata de defender candidaturas ni intereses políticos. Se trata de defender al elector y la democracia. Cuando se vulnera el derecho al voto, se golpea la confianza de todo un país, se socava la democracia y se resquebraja la nación entera.
Por eso hoy cobra más fuerza la frase: no importa quién vota, sino quién cuenta los votos.
✍️ Roxana Rocha
