¿Estrategia o complicidad? En la comunidad nativa de Providencia, río Corrientes, el alcalde de la provincia de Loreto–Nauta, José Daniel Saboya Mayanchi, firmó un acuerdo con dirigentes indígenas que puso fin, al menos por ahora, a la retención de una barcaza con más de 10 mil barriles de petróleo crudo. El encuentro, presentado como un “consenso satisfactorio”, deja más dudas que certezas.
El trasfondo es grave. Versiones señalan que Isaías Saboya Mayanchi, hermano del alcalde, habría sido uno de los principales instigadores de los hechos violentos que derivaron en la muerte de un policía y dejaron a otros dos heridos por impactos de perdigones. Con ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿el alcalde no sabía lo que ocurría? Su pasado como dirigente indígena hace difícil creer que desconociera la dinámica de este tipo de acciones en la zona.
Durante la asamblea, Saboya Mayanchi pidió a los comuneros deponer la medida y liberar la embarcación, defendiendo el camino del diálogo. Asumió compromisos para atender demandas básicas y habló de paz social. Pero el punto más polémico llegó después: agradeció públicamente al general de la Policía, Fernando Mego, por “garantizar” que no ingresaran efectivos de la DINOES al área del conflicto.
Esa declaración encendió las alarmas. Evitar el ingreso de fuerzas especiales en medio de un escenario con violencia, un policía muerto y bienes del Estado retenidos no suena a pacificación, sino a interferencia. Para muchos, se trata de una jugada política que bloquea la acción de la justicia; para otros, es una señal de abierta complicidad que favorece la impunidad.
Hoy la ciudadanía exige respuestas claras. ¿Se negoció bajo presión? ¿Se está encubriendo a responsables? ¿Qué validez tienen acuerdos firmados en medio de amenazas y sangre derramada? Mientras no haya detenidos ni responsabilidades definidas, el discurso de paz queda vacío y el mensaje es peligroso: en la selva, la ley puede ser negociable.
Créditos: Alfa Romeo Noticias.
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